¿Qué es exactamente la exclusión financiera?

En la Fundación Nantik Lum trabajamos para reducir la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables a través de nuestro Programa de Salud Financiera desde el año 2017. Pero, ¿a qué hace referencia exactamente este tipo de exclusión? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Y sus consecuencias?

¿Qué es la exclusión financiera?

Se entiende por exclusión financiera “a la incapacidad o dificultad de acceso y/o de servicios y productos financieros en el mercado, que sean apropiados a sus necesidades y les permita llevar una vida digna en la sociedad a la que pertenecen”.

Los servicios financieros básicos que son considerados indispensables en la vida cotidiana de las personas y a los cuales no tienen acceso el 8.6% de la población europea son:

• Cuenta para recibir ingresos personales.
• Cuenta bancaria que autorice las transacciones.
• Disfrutar un crédito sin aval.

Tipos de exclusión financiera

La exclusión financiera puede tener diferentes caras. El informe emitido por la EAPN, “Inclusión financiera para el desarrollo sostenible”, nos expone diez formas de estar en situación de exclusión financiera.

1. La exclusión geográfica y desbancarización que supone cierre del 50% de las oficinas, sobre todo en las áreas rurales.
2. Redlining o discriminación consciente que llevan a cabo los gestores financieros para excluir financieramente a barrios por razones de pobreza, inestabilidad o conflictividad social.
3. Exclusión en el acceso a determinados perfiles considerados de alto riesgo debido a sus bajos recursos.
4. Exclusión comercial mediante algoritmos predictivos que provocan decisiones comerciales y estrategias de marketing que excluyen a determinados clientes.
5. Exclusión legal o por estatus administrativo a personas en situación irregular.
6. La autoexclusión de personas que se sienten en inferioridad con respecto a la entidad bancaria y a las personas que allí trabajan por su falta de cultura financiera o por la exclusión histórica de minorías étnicas, barreras de idiomas, falta de capacidades digitales y el estigma de la pobreza.
7. La brecha digital que supone una falta de recursos y herramientas para hacer gestiones digitales. Esta carencia sumada a la falta de educación financiera les impide comprender las consecuencias de las condiciones de una operación o tienen conocimientos insuficientes sobre seguridad online dichas operaciones.
8. La exclusión por productos inadecuados. Esto es tanto que las entidades financieras oferten productos con condiciones inadecuadas o productos inadecuados al perfil de los usuarios.
9. La exclusión por encarecimiento de los servicios financieros, los créditos con condiciones abusivas, etc.
10. La exclusión por endeudamiento con usura. Quienes solicitan este tipo de crédito suelen tener bajos recursos y/o estar ya sobrendeudados/as. En muchas ocasiones las empresas que los conceden no están supervisadas por el banco de España y recurren a publicidades engañosas que hablan de lo “fácil” que es solicitar este dinero, obviando las dificultades que se pueden presentar a posteriori.

Consecuencias de la exclusión

La exclusión financiera, y la estigmatización que de ella deriva, tiene graves consecuencias para las personas que la sufren. Una de las principales es el sobrendeudamiento, derivado de la dificultad de acceso a productos financieros más sostenibles. El 76.3% de las personas encuestadas aseguran haberse sentido engañadas alguna vez.

El sobrendeudamiento sostenido en el tiempo suele conducir a la morosidad y la bancarrota. Esto conlleva el alta en los famosos ficheros de morosidad, alimentando el ciclo de sobreendeudamiento, al no tener más opción que recurrir a prestamistas particulares que ofrecen intereses usurarios.

El último, y quizás más dramático, eslabón de la cadena de sobreendeudamiento es la pérdida de la vivienda habitual. A todo esto, se le añade que, en España, una ejecución hipotecaria no implica la cancelación de la deuda, motivo por el cual, a raíz de la crisis sanitaria el Gobierno ha propuesto el “Escudo Social” como recurso para suspender la devolución de créditos y pago de hipotecas para personas en riesgo de vulnerabilidad.

Estas consecuencias se han visto reflejadas en un aumento del 45.6% de las reclamaciones en 2020, de las cuales el 69.4% han sido resueltas en favor de los clientes.